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Curso de Gestión Económica y Presupuestaria AAPP (MF0234)

Sentencia 199/1998 del Tribunal Constitucional

Fecha: 13 de octubre de 1998

Resumen

Recurso de amparo 486/1997. Contra Auto de la Audiencia Provincial de Madrid que desestimó recurso de queja interpuesto contra otros anteriores del Juzgado de Instrucción núm. 42 de la misma ciudad.

Extracto de la sentencia

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: aplicación indebida del art. 87.2 L.O.P.J.

“2. El enjuiciamiento constitucional del presente caso exige analizar si el derecho a la tutela judicial efectiva comprende o no que los Tribunales se pronuncien acerca de la ejecución o suspensión de un acto administrativo en el caso de que se les haya sometido a su conocimiento una pretensión en tal sentido. En caso afirmativo el siguiente paso consistirá en determinar a qué orden jurisdiccional ha de pertenecer el Tribunal que se pronuncie sobre dicho aspecto.

a) Reiteradamente hemos declarado que el privilegio de autotutela atribuido a la Administración Pública no es contrario a la Constitución, sino que engarza con el principio de eficacia enunciado en el art. 103 de la C.E. (SSTC 22/1984, 238/1992, 148/1993, 78/1996), y que la ejecutividad de sus actos en términos generales y abstractos tampoco puede estimarse como incompatible con el art. 24.1 de la C.E. (SSTC 66/1984, 341/1993, 78/1996; AATC 265/1985, 458/1988, 930/1988, 1095/1988, 220/1991, 116/1995), pero sin que tal prerrogativa pueda primar sobre el contenido de los derechos y libertades de los ciudadanos (SSTC 22/1984, 171/1997). Ahora bien, del art. 106.1 de la Constitución se deriva que la actuación administrativa está sometida al control de legalidad de los Tribunales, y el art. 117.3 atribuye a éstos no sólo la potestad de juzgar sino además la de ejecutar lo juzgado. De modo que si los particulares acuden ante éstos para impugnar los actos de la Administración y, en su caso, para que decidan sobre la ejecutividad o suspensión de los mismos, el derecho de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva garantizado en el art. 24.1 implica que los órganos judiciales se deban pronunciar sobre ambos aspectos, con independencia del sentido concreto de la decisión. Por lo que se refiere a la ejecutividad o suspensión de los actos, ya en la STC 66/1984 se declaró que el derecho a la tutela se satisface facilitando que la ejecución pueda ser sometida a la decisión de un Tribunal y que éste, con la información y contradicción que resulte menester, resuelva sobre la suspensión, declaración ésta reiterada en posteriores resoluciones (SSTC 76/1992, 238/1992, 148/1993, 341/1993, 78/1996; AATC 265/1985, 604/1986, 458/1988, 930/1988, 1095/1988, 116/1995). Y en sentido similar se afirmó que la protección de los Tribunales del orden contencioso-administrativo incluye la facultad de suspender cautelarmente los actos de ejecución en los términos que resulten precisos para garantizar la tutela judicial de los derechos implicados (AATC 371/1991, 85/1992).

Por imperativo del art. 24.1 C.E. la prestación de la tutela judicial ha de ser efectiva y ello obliga a que, cuando el órgano judicial competente se pronuncie sobre la ejecutividad o suspensión a él sometida, su decisión pueda llevarla a cabo, lo que impide que otros órganos del Estado, sean administrativos o sean de otro orden jurisdiccional distinto, resuelvan previamente sobre tal pretensión, interfiriéndose de esa manera en el proceso judicial de que conoce el Tribunal competente y convirtiendo así en ilusoria e ineficaz la tutela que pudiera dispensar éste. Hasta que no se tome la decisión al respecto por el Tribunal competente, el acto no puede ser ejecutado por la Administración, porque en tal hipótesis ésta se habría convertido en Juez (STC 78/1996), pero tampoco cabe la ejecución por otro órgano judicial distinto porque esta eventualidad impediría que aquel Tribunal, el competente, pudiera conceder eficazmente la tutela tal y como le impone el derecho fundamental (STC 76/1992).

b) Para la entrada en domicilio, el art. 18.2 de la C.E., exige el consentimiento del titular o una resolución judicial de autorización, salvo el caso de flagrante delito. En cuanto a la resolución judicial, única hipótesis que ahora interesa, el mencionado precepto no precisa la naturaleza del Tribunal que la acuerde, con lo que es evidente que este precepto constitucional no determina el orden jurisdiccional competente, ni de él se deriva que corresponda necesariamente al Juez penal la protección de la inviolabilidad del domicilio (SSTC 22/1984, 50/1995; ATC 272/1985). En consecuencia, esta cuestión ha de ser resuelta atendiendo a las leyes que determinan la competencia de los distintos Tribunales.

Por una parte, el control de la legalidad de los actos de la Administración corresponde a los Tribunales del mismo orden, según se deriva de los arts. 9.4 y 24 de la L.O.P.J., así como del art. 1 de la Ley de la Jurisdicción contencioso administrativa, tanto en la versión vigente cuando se produjeron los hechos que dieron lugar a este recurso, como en la versión actual de la Ley 29/1998.

Por otra parte, como ya se ha señalado, en el momento en que ocurrieron los hechos estaba vigente el hoy suprimido art. 87.2 de la L.O.P.J., conforme al cual correspondía a los Juzgados de Instrucción la autorización en resolución motivada para la entrada en los domicilios, "cuando ello proceda para la ejecución forzosa de los actos de la Administración". De la literalidad de esta expresión entrecomillada se desprende que la autorización había de proceder del Juez del orden jurisdiccional penal únicamente cuando se trataba de la ejecución de actos administrativos, pero no cuando se trataba de la ejecutividad de resoluciones judiciales emanadas de otras jurisdicciones distintas. Por razones lógicas se imponía la misma conclusión, pues dado que constitucionalmente la Administración se encuentra inhabilitada por el art. 18.2 de la C.E. para autorizar la entrada en domicilio, el antiguo art. 87.2 le indicaba a qué orden jurisdiccional debía acudir cuando la ejecución de un acto administrativo requería como presupuesto una autorización judicial de entrada. Pero la razón fundamental por la que el art. 87.2 de la L.O.P.J. no era aplicable a los casos en que estaba pendiente una decisión sobre la ejecutividad de un acto por los Tribunales contencioso-administrativos, estribaba en que - como ya se ha razonado- en caso contrario resultaría vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, en cuanto que este derecho implica que los referidos Tribunales se pronuncien acerca de tal pretensión. Como declaró la STC 144/1987, el art. 87.2 L.O.P.J. "no ha sustraído a la jurisdicción contencioso administrativa el control de legalidad de los actos de la Administración cuya ejecución exige la entrada en un domicilio para atribuirlo al Juez de instrucción que ha de acordar esa entrada. El control de legalidad de estos actos, como el de toda la actuación administrativa, sigue siendo competencia específica de esta jurisdicción, que es también la única que puede acordar la suspensión de lo resuelto por la Administración". En sentido similar se pronuncian las SSTC 160/1991 y 171/1997, y el ATC 371/1991.

En consecuencia, una vez iniciado un proceso contencioso-administrativo en el que se discute sobre la legalidad y sobre la ejecución o suspensión de un acto administrativo, el supuesto ya no entra en el ámbito del art. 87.2 de la L.O.P.J., sino que es el órgano judicial del orden contencioso-administrativo el que sigue ostentando su potestad jurisdiccional sobre la cuestión y el obligado a otorgar su tutela efectiva, con lo que, en definitiva, es competente para acordar, en su caso, la ejecución sin necesidad de la autorización de entrada en domicilio contemplada en el art. 18.2 de la C.E. . Por otra parte, esta conclusión la hemos declarado anteriormente con reiteración. Así, en la STC 160/1991 ya dijimos que "una vez recaída una resolución judicial que adquiera firmeza y que dé lugar, por su naturaleza y contenido, a una entrada domiciliaria, tal resolución será título bastante para esa entrada, y se habría cumplido la garantía del art. 18 C.E.".

Con apoyo en esa jurisprudencia, la STC 76/1992, pronunciada por el Pleno e invocada reiteradamente por las demandantes de amparo, afirmó igualmente que el control que corresponde hacer a los Jueces de Instrucción en el ejercicio de la misión que les confiere el art. 87.2 de la L.O.P.J. es el de "garantes del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, lo cual significa que no es el Juez de la legalidad y de la ejecutividad del acto de la Administración, sino el Juez de la legalidad de la entrada en domicilio", añadiendo esta STC que el art. 87.2 de la L.O.P.J. "de ningún modo puede interferir la potestad exclusiva de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado que corresponde a los Tribunales contencioso-administrativos respecto de los actos administrativos y que se extiende, no sólo a la revisión de la legalidad de estos actos sino también a su ejecutividad y, en su caso, a su suspensión"; y a continuación decía esta misma resolución: "de todo ello se desprende una importante consecuencia y es la de que quedan excluidos, por tanto, del ámbito del art. 87.2 de la L.O.P.J., como se deduce de dicho precepto, las entradas en domicilio y lugares a los que se refiere el artículo citado que sean consecuencia de la ejecución de Sentencias o resoluciones judiciales (STC 160/1991). De no ser así, se podría vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva que, según hemos dicho, comprende también el derecho a someter la ejecutividad del acto administrativo a la decisión de un Tribunal y que éste resuelva sobre la suspensión (STC 66/1984), así como la garantía de la potestad jurisdiccional del Juez o Tribunal que en ese momento esté juzgando la ejecutividad del acto administrativo (art. 117.3 C.E.), y que, como se ha visto, ha de ser un órgano del orden judicial contencioso-administrativo, pues sólo a éstos compete el control de la legalidad del acto y de su ejecución o suspensión."

Comentario
En la STC 50/1995 puntualizamos que en el art. 87.2 de la L.O.P.J. tan sólo se contempla la ejecución forzosa de los actos administrativos; pero cuando estos se han sometido a un proceso contencioso-administrativo, es el órgano judicial que conoce de éste el que, una vez firme la Sentencia y de conformidad con el art. 104 de la Ley de la Jurisdicción, lo comunica al órgano competente de la Administración para que lo lleve a "puro y debido efecto".
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