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Curso de Gestión Económica y Presupuestaria AAPP

Sentencia 171/1997 del Tribunal Constitucional

14 de octubre de 1997

Resumen

Recurso de amparo contra Auto de la Audiencia Provincial de Albacete autorizando la entrada en el domicilio social y en el centro emisor de la sociedad recurrente para la ejecuci6n forzosa de la orden administrativa de cierre de la emisora. Supuesta vulneraci6n de los derechos a la libertad de expresi6n y a comunicar libremente informaci6n: entrada domiciliaria autorizada por el Juez en centro emisor detelevisi6n local por ondas hertzianas.

Extracto de la sentencia

“2. La autorización judicial de entrada en el domicilio de la Sociedad recurrente se produjo, conforme a lo prevenido en el art. 96.3 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para llevar a cabo la ejecución subsidiaria, como medio de ejecución forzosa [art. 96.1 b) de la mencionada Ley], de la orden de cierre de la emisora de televisión local incumplida por la Entidad destinataria, por lo que la cuestión ha de abordarse partiendo de la premisa inicial del alcance de las facultades que respecto a dicha autorización ostenta el Juez de Instrucción, en virtud de la competencia atribuida por el art. 87.2 de la L.O.P.J., precepto con apoyo constitucional en el art. 117.4 C.E.

La función que incumbe al Juez de Instrucción en la ejecución administrativa, como garante del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2 C.E.), no debe, en modo alguno, reducirse a la de un simple automatismo formal, que dejase desprovista aquella función garantizadora de todo análisis valorativo tanto sobre el acto administrativo de cobertura, como sobre el mismo procedimiento de ejecución forzosa que exige la entrada domiciliaria, así como acerca de la eventual afectación de otros derechos fundamentales y libertades públicas derivada de la ejecutoriedad del acto administrativo. Tal automatismo es rechazado por la STC 76/1992, reiterando el criterio de la STC 137/1985, en los siguientes términos: "Por el contrario, precisamente en virtud de lo dispuesto en dicho precepto constitucional (art. 117.3 C.E.), la ley ha atribuido al Juez de Instrucción la función de garantizar el derecho a la inviolabilidad del domicilio frente a la ejecución de los actos administrativos, por lo que antes que imponerle la obligación de autorizar mecánicamente esas entradas, que ninguna garantía ofrecería a los derechos fundamentales, le ha otorgado la potestad de controlar, además de que el interesado es, efectivamente, el titular del domicilio para cuya entrada se solicita la autorización, la necesidad de dicha entrada para la ejecución del acto de la Administración, que éste sea dictado por la autoridad competente, que el acto aparezca fundado en Derecho y necesario para alcanzar el fin perseguido y, en fin, que no se produzcan más limitaciones que las estrictamente necesarias para la ejecución del acto" (STC 76/1992, fundamento jurídico 3º).

Esta misma Sentencia ha precisado que, no siendo el Juez de Instrucción el Juez de la legalidad ni de la ejecutividad de los actos administrativos "tiene que efectuar -como ya hemos dicho- la correcta y debida individualización del sujeto que ha de soportar la ejecución forzosa del acto administrativo (SSTC 137/1985 y 160/1991), verificar la apariencia de legalidad de dicho acto con el fin de evitar que se produzcan entradas arbitrarias, asegurarse de que la ejecución de este acto requiere efectivamente la entrada en el domicilio o lugares asimilados a él por el art. 87.2 L.O.P.J. y, por último, garantizar que la irrupción en estos lugares se produzca sin más limitaciones a los derechos fundamentales de aquellas que sean estrictamente necesarias" (fundamento jurídico 3º,b), doctrina que se reitera en la STC 50/1995.

3. La queja de la Entidad mercantil demandante de amparo se centra en el, a su juicio, insuficiente control que el Juez de Instrucción ha realizado respecto de la apariencia de legalidad del acto o resolución administrativa del Gobernador Civil de Albacete de 21 de febrero de 1994, confirmada en reposición por la de 28 de febrero siguiente, dado que tales actos administrativos desconocen el derecho fundamental a la libre expresión y comunicación garantizado por el art. 20.1 a) y d) C.E., y que amparaba el pretendido derecho a la emisión de televisión local por ondas terrestres que venía realizando la empresa demandante de amparo. Este es el núcleo de la cuestión, pues no se controvierte que los Autos impugnados hayan realizado, para permitir la entrada domiciliaria en vía de ejecución administrativa, un adecuado control sobre los restantes elementos a los que alude, como objeto del ámbito de cognición del Juez de Instrucción, la doctrina constitucional antes citada.

Pues bien, ha de precisarse al respecto que las facultades del Juez de Instrucción en el ejercicio de la función garantizadora que le confiere el art. 87.2 L.O.P.J., han de incorporar un mayor grado de intensidad en el control provisorio de legalidad del acto administrativo cuando, como aquí ocurre, el contenido de éste (es decir, la orden positiva o negativa que trata de imponerse al destinatario incumplidor), puede incidir negativamente en los derechos de libertad de los ciudadanos, en tanto en cuanto pudieran verse de tal modo restringidos o menoscabados mediante la efectiva realización por la Administración pública del acto que la entrada domiciliaria viene a permitir; pues, con independencia de que el control plenario, y la consiguiente declaración sobre la validez o nulidad de tales actos es de competencia exclusiva de los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, como jueces de la legalidad y de la ejecutividad de tales actos (SSTC 76/1992 y 50/1995), es al juez penal del que se recaba la autorización ex art. 87.2 L.O.P.J., al que corresponde valorar si el acto administrativo de cobertura viene a afectar de algún modo a tales libertades públicas, pues si así lo apreciase, la entrada domiciliaria requerida por la Administración no podría ser atendida, para evitar que la prerrogativa de la ejecutoriedad de los actos administrativos primase sobre el contenido de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, cuya salvaguarda corresponde en primer término a los Jueces y Tribunales por virtud de lo dispuesto en los arts. 53 C.E. y 7.1 L.O.P.J., dada la posición preferente que a los derechos fundamentales corresponde dentro del ordenamiento jurídico, según reconoce el art. 10.1 C.E. y como ha declarado en numerosas ocasiones este Tribunal (por todas, SSTC 114/1984 y 53/1985).

4. Así las cosas, no cabe reprochar al Juez de Instrucción número 6 de los de Albacete que el Auto otorgando la autorización de entrada en domicilio, mantenido tras rechazar el recurso de reforma y confirmado en apelación por la Audiencia Provincial, haya permitido una ejecución administrativa que comporte la vulneración del derecho fundamental a la libre expresión y comunicación ex art. 20.1 a) y d) C.E., que es el fundamento único de la queja formulada por la Sociedad demandante.

La Entidad recurrente, ya en fase del recurso de reposición contra la resolución del Gobierno Civil acordando el cierre de la emisora de televisión local, invocó tal derecho, que a su juicio amparaba sus emisiones, con apoyo en la entonces reciente STC31/1994, desconociendo que esta decisión se contraía exclusivamente a la televisión local con el soporte técnico del cable, y no a la que utilizaba como transporte las ondas hertzianas, siendo de destacar que el Juez de Instrucción tuvo a la vista la resolución desestimatoria del mencionado recurso de reposición a la hora de otorgar la autorización.

Ha de señalarse que no es procedente la asimilación que, al menos de modo implícito, se halla en el planteamiento del recurso promovido por "Cable Televisión Albacete, S.L.", entre la realización de emisiones televisivas de cobertura territorial local y por medio de cable, con la que realizaba dicha Entidad con el mismo ámbito local de cobertura pero con el soporte técnico de ondas hertzianas, ya que respecto a estas últimas la STC 88/1995, aun siendo posterior a los hechos que constituyen el sustrato de este recurso de amparo, ha declarado que tal asimilación no es aceptable desde la perspectiva constitucional, por lo que no cabe, en relación con la televisión local difundida por medio de ondas, acoger pretensiones de nulidad de resoluciones administrativas de cese de dichas emisiones, todo ello ante la ausencia de regulación legal del régimen jurídico concesional de tales emisiones, en la etapa anterior a la promulgación de la Ley 41/1995, de 22 de diciembre, de Televisión local por ondas terrestres.”

Comentario

El acto administrativo que precisaba, en fase de ejecución forzosa, la entrada domiciliaria autorizada por virtud de los Autos impugnados, no puede en modo alguno identificarse con aquellos otros emanados de la autoridad gubernativa por los que se ordenaba el cese de emisiones televisivas de cobertura local y mediante el soporte técnico del cable (televisión local por cable), pues sólo respecto a estos últimos este Tribunal amparó el derecho a la libre expresión y comunicación garantizado en el art. 20.1 a) y d) C.E.,por lo que las resoluciones judiciales autorizatorias no lesionaron el mencionado derecho fundamental que invoca la empresa demandante de amparo.

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