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Curso de Gestión Económica y Presupuestaria AAPP (MF0234)

El reglamento

El artículo 97 de la Constitución señala que el Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2.1 del Código Civil, las disposiciones de entrada en vigor de las leyes o reglamentos, cuya aprobación o propuesta corresponda al Gobierno o a sus miembros, y que impongan nuevas obligaciones a las personas físicas o jurídicas que desempeñen una actividad económica o profesional como consecuencia del ejercicio de ésta, preverán el comienzo de su vigencia el 2 de enero o el 1 de julio siguientes a su aprobación.

Lo previsto en el párrafo anterior no será de aplicación a los reales decretos-leyes, ni cuando el cumplimiento del plazo de transposición de directivas europeas u otras razones justificadas así lo aconsejen, debiendo quedar este hecho debidamente acreditado en la respectiva Memoria.

Clases de reglamentos

Los reglamentos pueden clasificarse, fundamentalmente, en base a dos criterios:

Por sus efectos
  • Reglamentos administrativos: son los dictados por la propia Administración Pública en el ejercicio de la potestad de autoorganización o vinculados a las relaciones de sujeción especial que unen a ciertas personas físicas o jurídicas con la Administración Pública. En estos supuestos, se incrementa el margen de discrecionalidad en la actuación administrativa.
  • Reglamentos jurídicos: sus efectos se extienden más allá de la Administración Pública y cuyo objeto es la regulación de determinados derechos y obligaciones de las personas físicas y jurídicas. Generalmente se considera que la promulgación de estas normas requieren de una habilitación legal, dado su alcance respecto a terceros ajenos a la Administración. Consistirían, por ello, en ejemplos de reglamentos ejecutivos.
Por su relación con la ley
  • Reglamentos ejecutivos: son dictados como desarrollo de una ley que ya existe con carácter previo en base a una remisión normativa. En estos casos, la relación entre ley y reglamento adquiere diversas formas. Puede tratarse de un desarrollo de la ley conteniendo los aspectos técnicos precisos para que la misma sea aplicada o, en otros casos, aborda aspectos de la materia que la ley ha remitido a su concreción en un  reglamento sin hacer mención precisa del contenido que el mismo ha de tener. El Gobierno no puede imponer, al elaborar una disposición reglamentaria, requisitos distintos a  los básicos establecidos en la propia Ley, pues no puede entenderse que ésta hiciera dejación para la vía transitoria de los requisitos substanciales que ella misma imponía para el futuro.
  • Reglamentos independientes: reglamentos que no requieren de una ley previamente existente para ser dictados y que se encargan de regular materias que no han sido abordadas por las leyes
  • Reglamentos de necesidad: se trata de reglamentos dictados en situaciones de emergencia. Se dictan en base a excepciones previstas en determinadas leyes para responder a tales circunstancias, si bien, frente a lo que se opinaba desde cierto sector de la doctrina, ha de entenderse que son normas sometidas a la ley y al control por parte del poder judicial.
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