Administración pública: valor social y valor económico
En la gestión de proyectos de innovación dentro de la Administración Pública, entender la distinción entre valor social y valor económico es esencial para orientar la toma de decisiones y la evaluación de impactos. Ambos conceptos representan dimensiones distintas del valor generado, pero su interrelación es crucial en el diseño y ejecución de iniciativas públicas innovadoras.
El valor social se refiere a los beneficios que una acción, programa o proyecto aporta a la sociedad en su conjunto o a determinados colectivos. Este tipo de valor abarca aspectos intangibles como la mejora del bienestar, la cohesión social, la igualdad de oportunidades, la sostenibilidad medioambiental o el fortalecimiento de la confianza en las instituciones.
En la administración pública, el valor social es un objetivo prioritario, ya que se relaciona directamente con la misión de servicio público y la finalidad de contribuir al interés general. Generar valor social implica, por ejemplo:
- Incrementar la accesibilidad a los servicios públicos para colectivos vulnerables.
- Reducir las desigualdades socioeconómicas a través de programas de inclusión.
- Fomentar la participación ciudadana y la transparencia institucional.
- Impulsar la sostenibilidad y la protección del entorno natural.
El valor económico se relaciona con la capacidad de un proyecto de generar beneficios financieros o eficiencias medibles en términos monetarios. En el ámbito público, suele traducirse en la optimización del uso de recursos, la reducción de costes o la rentabilidad de las inversiones realizadas.
Si bien el valor económico es un objetivo más explícito en el sector privado, en la Administración Pública también resulta relevante porque:
- Permite la mejor asignación de recursos públicos.
- Facilita la sostenibilidad financiera de los servicios y políticas.
- Contribuye a la rendición de cuentas y la legitimidad institucional.
Aunque pueden existir sinergias entre ambos tipos de valor, es importante distinguirlos para evitar priorizar exclusivamente criterios económicos en proyectos donde el impacto social es prioritario o, por el contrario, subestimar la eficiencia y la sostenibilidad financiera en proyectos sociales.
- Valor social: Centrado en el impacto cualitativo y en el interés general. Es, en muchas ocasiones, difícil de cuantificar y suele manifestarse a medio o largo plazo.
- Valor económico: Se mide a través de indicadores financieros u operativos (costes, ahorros, retornos, etc.). Suele ser más inmediato y cuantificable.
Ejemplos prácticos aplicados a la Administración Pública
- Implantación de un sistema de tramitación electrónica de expedientes:
- Valor social: Facilita el acceso para ciudadanos con movilidad reducida o residentes en zonas rurales, reduce la brecha digital y mejora la percepción de transparencia.
- Valor económico: Disminuye el consumo de papel, reduce los tiempos de gestión y los costes operativos asociados a la atención presencial.
- Programa de eficiencia energética en edificios públicos:
- Valor social: Contribuye a la lucha contra el cambio climático y mejora la calidad ambiental de las instalaciones públicas.
- Valor económico: Genera ahorros directos en la factura energética y reduce gastos de mantenimiento a largo plazo.
Importancia en la gestión de proyectos de innovación pública
Integrar ambas perspectivas en la evaluación y gestión de los proyectos de innovación es clave para lograr resultados sostenibles, legitimidad pública y un retorno social significativo. Los equipos responsables deben identificar y comunicar de forma explícita los tipos de valor que se pretenden generar, asegurando el alineamiento de los proyectos con los objetivos estratégicos de la organización y las demandas de la ciudadanía.
Características diferenciadoras de la innovación pública
Para identificar cuándo un proceso puede considerarse innovador en el sector público, es fundamental tener en cuenta ciertas características específicas vinculadas al objetivo del sector:
- Orientación al interés general: El cambio o mejora debe estar alineado con la misión de servicio público y la generación de beneficios colectivos, más allá de la rentabilidad económica directa.
- Incremento del valor público: La innovación debe contribuir a una mejora apreciable en la calidad, accesibilidad, equidad o sostenibilidad del servicio ofrecido a la ciudadanía.
- Adaptabilidad normativa: Involucra reinterpretaciones creativas del marco legal o desarrollos normativos que permitan ofrecer soluciones novedosas sin contravenir la legalidad vigente.
- Sostenibilidad y replicabilidad: Las mejoras implantadas deben mostrar potencial de permanencia en el tiempo y ser transferibles a otros ámbitos o unidades administrativas.
Criterios fundamentales para identificar procesos innovadores
Existen criterios objetivos y metodológicos que permiten distinguir los procesos innovadores en las organizaciones públicas:
- Novedad: Inclusión de elementos, tecnologías, enfoques o prácticas que representan un cambio respecto al funcionamiento habitual de la organización.
- Valor añadido social: Implica un impacto positivo comprobable sobre usuarios finales, grupos de interés o la sociedad en general, por ejemplo, mejorando la experiencia ciudadana o reduciendo tiempos de tramitación.
- Resolución de problemas complejos: Capacidad de abordar eficientemente los denominados problemas adaptativos o estructurales que habían mostrado resistencia a las soluciones convencionales.
- Participación y colaboración: Involucramiento de actores internos y externos – mediante mecanismos de cocreación, consulta o cooperación interadministrativa – como parte sustancial del proceso.
- Medición y evaluación del impacto: Integración de indicadores y sistemas de seguimiento para valorar objetivamente el efecto del proceso innovador.
Ejemplos prácticos en la administración pública
- Implantación de trámites 100% electrónicos en la gestión de ayudas públicas: supone un salto cualitativo y cuantitativo en eficiencia administrativa, reduciendo tiempos y desplazamientos, e incrementando el acceso igualitario.
- Creación de unidades de atención integral a la ciudadanía, donde distintos servicios públicos se unifican en un punto único de contacto, facilitando una atención holística y personalizada.
- Uso de algoritmos para la priorización automatizada de expedientes, que permite gestionar grandes volúmenes de solicitudes de manera eficaz y transparente, mitigando riesgos de arbitrariedad.
- Desarrollos normativos de "sandbox" regulatorios en ámbitos emergentes (como la administración digital o la contratación pública eficiente) para experimentar e investigar nuevas fórmulas bajo control institucional.
Reconocer e impulsar procesos innovadores en la administración pública demanda una visión estratégica y una actitud proactiva hacia el cambio, pero también una comprensión precisa de los criterios que los diferencian de otras mejoras organizativas convencionales. Aplicando estos criterios, los responsables públicos podrán seleccionar, priorizar y comunicar las iniciativas que realmente transforman y aportan valor social a su entorno institucional.
La innovación en el sector público no es solo una opción, sino una necesidad para garantizar instituciones más eficaces, adaptables y orientadas a la ciudadanía. Su aplicación requiere visión estratégica, compromiso ético y una gestión profesionalizada del cambio.