Oportunidades y retos de la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario

Recientemente, España ha dado un paso crucial en la lucha contra el desperdicio de alimentos con la aprobación de la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario (PDA) 1/2025. Esta normativa, que sigue las directrices de la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, busca reducir el desperdicio alimentario, desde la producción hasta el consumo final. 

En este artículo, analizamos los aspectos más relevantes de la nueva ley, cómo afectará a empresas, comercios y consumidores.  En ADR formación tenemos el curso online para conocer los requisitos exigidos en la nueva normativa, que proporciona a los profesionales del sector alimentación y relacionados, los conocimientos necesarios para adaptarse y aplicar esta normativa.

¿Por qué es necesaria esta Ley?

En la Unión Europea se desperdician cada año casi 50 millones de toneladas de alimentos, lo que equivale a unos 131 kg por persona. En España, en 2023, solo en los hogares se desperdiciaron más de 1.183 millones de kilos de alimentos, una cifra alarmante que tiene un fuerte impacto económico, social y medioambiental. La nueva ley pretende reducir el desperdicio alimentario en un 50% para 2030.

La jerarquía de prioridades: de la prevención al compostaje

La prevención es uno de los principios rectores de esta disposición. Así, las empresas deberán optimizar la producción de alimentos y evitar la generación de excedentes.

La norma establece una jerarquía de usos de los excedentes generados. El consumo humano tiene prioridad, bien a través de la transformación de alimentos o mediante la donación, que se materializará por medio de la firma de acuerdos.

Cuando los alimentos ya no sean aptos para el consumo humano, se usarán en alimentación animal, pudiendo emplearse en la fabricación de piensos.

El siguiente eslabón en la jerarquía de prioridades es la transformación industrial, pudiendo emplearse como subproducto industrial.

Finalmente, serán gestionados como residuos. Se prioriza el reciclado, en particular la obtención de compost y la valorización energética mediante la obtención de biogas o de combustibles.

Obligatoriedad de disponer de un plan de prevención

La norma obliga a los agentes de la cadena alimentaria a disponer de un plan para la prevención de las PDA. El objetivo es que las empresas realicen un diagnóstico interno, cuantificando las pérdidas que se generan en su proceso productivo, analicen las causas que los producen y establezcan acciones de prevención y reducción de las PDA.

Grandes empresas vs. pequeños negocios: los requisitos diferenciados

La nueva ley permite cierta flexibilidad para las pequeñas empresas. Así, quedan exceptuados de aplicar la jerarquía de prioridades, firmar acuerdos de donación y de elaborar un plan de prevención de las PDA a las microempresas (menos de 10 empleados) y a las pequeñas explotaciones agrarias (menos de 50 trabajadores)

Además, las actividades de transformación, comercio minorista, distribución alimentaria con una superficie menor de 1.300 m2 quedan exceptuadas de la obligatoriedad de disponer de planes para la prevención de las PDA; es el caso de las tiendas de barrio. En cambio, sí obliga a las grandes cadenas si la superficie del conjunto de todas sus tiendas supera esa cifra.

La hostelería: fundamental en la reducción de desperdicio alimentario

El sector de la hostelería juega un papel relevante en la reducción de desperdicio alimentario. Así, las empresas de hostelería, salvo las de bufé libre, tienen la obligación de facilitar que el cliente se pueda llevar los alimentos mediante las denominadas “doggy bags”.

Buenas prácticas como elemento de concienciación

La ley no solo impone obligaciones, incluye buenas prácticas con un claro foco en la formación y la sensibilización.

Entre estas prácticas se encuentran el fomento de líneas de venta para productos "feos" o sostenibles (temporada, locales, ecológicos), la información sobre la seguridad de los productos imperfectos o la venta prioritaria de productos cercanos a la fecha de caducidad o consumo preferente.

Oportunidades empresariales: de la basura a la economía circular

La aplicación de la ley puede suponer una mejora de la competitividad, sostenibilidad y creación de valor económico-social:

• Ahorro económico: reducción de costes por menor desperdicio de recursos y gestión de residuos. 
• Reputación y RSC: mejora de la imagen corporativa al alinearse con la sostenibilidad, atrayendo clientes y socios comprometidos. 
• Cumplimiento legal: evita sanciones y refuerza la confianza de stakeholders. 
• Innovación: desarrollo de nuevos productos (ej. derivados de excedentes) y modelos de negocio circulares. 
• Colaboraciones: alianzas con ONG, bancos de alimentos o empresas, generando impacto social y beneficios fiscales. 
• Eficiencia operativa: optimización de procesos en la cadena de suministro y gestión de inventarios. 
• Acceso a mercados: atracción de consumidores eco-conscious y apertura a nichos que valoran prácticas sostenibles.