La Ley 9/2025, de 3 de diciembre, de Movilidad Sostenible, no se limita a imponer normas técnicas o dictar obligaciones burocráticas; fundamenta toda su arquitectura legal sobre una base ética, social y medioambiental.
El artículo 5 de la Ley establece un catálogo de principios rectores que deben guiar ineludiblemente la acción de todas las Administraciones públicas y, por extensión, de los agentes privados y empresariales en sus decisiones de movilidad.
Tradicionalmente, la "seguridad" en el transporte se asociaba de forma casi exclusiva a la seguridad vial (prevención de accidentes de tráfico). La nueva legislación amplía este concepto hacia una seguridad integral y multidimensional. Este principio rector abarca:
La movilidad se consagra como un derecho ciudadano que debe actuar como vertebrador del Estado.
La planificación de las políticas de movilidad debe poner a la ciudadanía en el centro, favoreciendo la integración económica y social de todas las personas, con absoluta independencia de su lugar de residencia.
Este principio hace especial hincapié en la llamada "España vaciada". Se exige a las administraciones atender de forma prioritaria a los territorios más despoblados y con alta dispersión poblacional, garantizando soluciones de transporte rural a la demanda para evitar que el aislamiento físico se traduzca en una pérdida de oportunidades vitales o laborales.
El sistema de transportes no es neutro; el diseño histórico de las ciudades y redes de transporte ha penalizado a ciertos colectivos. La Ley obliga a velar por la igualdad de trato y erradicar cualquier discriminación por razón de sexo, edad, discapacidad, origen o situación socioeconómica.
La sostenibilidad ya no se entiende solo como "ecología". El principio rector de sostenibilidad exige un equilibrio perfecto entre tres dimensiones:
El transporte de personas y mercancías es el sistema circulatorio de la economía.
La movilidad debe estructurarse para contribuir al desarrollo económico sostenible, mejorando la competitividad, la producción industrial y la logística de distribución.
Todo ello debe hacerse respetando la neutralidad climática y la neutralidad competitiva, asegurando que las cadenas de suministro (esenciales para el abastecimiento) sean resilientes y eficientes sin hipotecar el medioambiente.
La transformación digital es la principal palanca para optimizar el sistema. La ley consagra la digitalización como principio rector para adaptar el transporte a las necesidades reales de la ciudadanía y del sector productivo.
Este principio justifica la creación del Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM), un gran cerebro digital estatal de datos abiertos (Open Data) que permitirá tomar decisiones basadas en información en tiempo real, favoreciendo modelos como la "Movilidad como Servicio" (MaaS), las aplicaciones multimodales y la automatización del transporte.
Las infraestructuras, los medios de transporte y los procesos digitales (como la compra de billetes) deben ser diseñados bajo el principio de "Diseño para Todos".
La ley exige que los sistemas sean comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad.
La accesibilidad debe garantizar la autonomía de personas con discapacidad o movilidad reducida de la forma más natural posible, sin requerir adaptaciones especializadas a posteriori, salvo que no exista otra alternativa.
Frente a fenómenos meteorológicos extremos derivados del cambio climático o posibles crisis sociosanitarias, el sistema de transporte debe ser resiliente.
Esto significa que debe estar dotado de flexibilidad y capacidad de adaptación, configurándose como una red interconectada y dinámica capaz de absorber disrupciones y mantener la operatividad coordinando distintos modos de transporte.
El diseño de normativas, grandes obras e instrumentos de gestión debe basarse en un modelo de gobierno abierto.
La transparencia institucional, la comunicación clara, la concienciación y la participación de la sociedad civil y los actores privados en la toma de decisiones son innegociables. Las personas deben ser sujetos activos, no meros pasajeros pasivos.
Las políticas de movilidad no pueden divorciarse del urbanismo.
Este innovador principio rector obliga a las administraciones a coordinar el desarrollo territorial para avanzar hacia la "ciudad de proximidad" (comúnmente conocida como la ciudad de los 15 minutos).
El objetivo es planificar ciudades compactas con usos mixtos del suelo para que las viviendas, los comercios y, en la medida de lo posible, los centros de trabajo o de coworking estén cerca. Acortar drásticamente la longitud de los desplazamientos habituales reduce de raíz la necesidad de movilidad motorizada, el consumo energético y el impacto ambiental.
Por último, toda la política estatal de movilidad debe actuar como correa de transmisión de los acuerdos globales suscritos por España.
Esto incluye la Agenda 2030 (Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU), el Acuerdo de París sobre el clima, la preservación de la biodiversidad y los exigentes paquetes normativos europeos ("Pacto Verde Europeo" y "Fit for 55") para lograr un continente climáticamente neutro en 2050.
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