Los informantes prestan un servicio importante, tanto a las propias organizaciones como a la sociedad en general. ¿Cómo?
Evitando daños de reputación
Si los asuntos pueden resolverse internamente antes de hacerse públicos, las organizaciones pueden evitar este tipo de daños.
Evitando pérdidas económicas
La experiencia demuestra que las organizaciones pierden alrededor de un 7 % de su facturación anual por infracciones. Las denuncias internas pueden ayudar a descubrir una parte importante de estos casos y se podrán así minimizar los daños financieros de una organización.
Evitando sanciones económicas
Si surgiera en la empresa algún caso de corrupción o conducta ilícita, se podría acusar a la organización de no haber tomado las medidas organizativas adecuada para evitar estos actos y ser objeto de importantes multas.
Aunque aún no son obligatorios en todos los países, los sistemas de denuncia ya tienen un carácter ejemplar: refuerzan la confianza en la empresa de los empleados y de las partes interesadas (clientes, proveedores y público en general), contribuyen de manera significativa a la protección de su reputación y reducen los riesgos empresariales.
Las ventajas son evidentes, pero que se denuncien las irregularidades es lo que no es, o mejor dicho, no ha sido hasta ahora una tarea sencilla, puesto que el miedo al despido y a las posibles represalias que puedan sufrir los informantes, ya sean acoso laboral, discriminación o incluso amenazas físicas, están presentes.
Si quién detecta una irregularidad, no tiene confianza en el procedimiento de investigación de su organización, probablemente la opción será denunciar públicamente, con los daños de reputación que esto puede acarrear. Por ello la existencia de un canal de denuncia confiable se convierte en algo de vital importancia en las organizaciones.
¿Qué pasa en España?
Aunque en España, y tras salir a la luz varios casos de corrupción política, se ha intensificado la importancia de proteger la figura del informante, y en este sentido, han sido varias las iniciativas legales en varias comunidades autónomas para mejorar la situación de los informantes.
No fue hasta que en el 2019 entró en vigor la Directiva Whistleblowing, cuando se empieza a poner realmente fin al miedo a los posibles castigos y represalias, ya que esta nueva normativa se centra en poner la confidencialidad del informante en el punto de mira.
Recientemente en España se han conocido varios casos de corrupción gracias a la labor de los informantes. Uno de los nombres que más aparecieron en prensa y televisión durante una época por destapar la trama Gürtel fue el de Ana Garrido, que, incluso temiendo las represalias, informó a la justicia de lo que había visto en el Ayuntamiento donde trabajaba. Otro caso que salpicó la vida pública fue el de las facturas falsas por parte del sindicato UGT en Andalucía y cuyo alertador fue Roberto Macías.
Además de poner el foco en la confidencialidad del denunciante, la nueva normativa tiene como objetivo generar en las organizaciones la conciencia de la importancia que tiene la incorporación a las mismas de un sistema de denuncias interno, con la finalidad de evitar que las consecuencias negativas de las conductas indebidas se agraven.
Con la aprobación de la Ley 2/2023 del 20 de febrero, se construirá un entorno más transparente, donde el informante o denunciante, se encuentre más protegido frente a las represalias, ya que prohíbe cualquier tipo de represalia, tanto directa como indirecta, y establece sanciones económicas cuantiosas en caso en que las represalias tengan lugar.
Esta píldora formativa está extraída del Curso online de Whistleblowing: Implantación del canal de denuncias interno. Ley 2/2023.
