En la gestión de proyectos de innovación dentro de la Administración Pública, entender la distinción entre valor social y valor económico es esencial para orientar la toma de decisiones y la evaluación de impactos. Ambos conceptos representan dimensiones distintas del valor generado, pero su interrelación es crucial en el diseño y ejecución de iniciativas públicas innovadoras.
El valor social se refiere a los beneficios que una acción, programa o proyecto aporta a la sociedad en su conjunto o a determinados colectivos. Este tipo de valor abarca aspectos intangibles como la mejora del bienestar, la cohesión social, la igualdad de oportunidades, la sostenibilidad medioambiental o el fortalecimiento de la confianza en las instituciones.
En la administración pública, el valor social es un objetivo prioritario, ya que se relaciona directamente con la misión de servicio público y la finalidad de contribuir al interés general. Generar valor social implica, por ejemplo:
El valor económico se relaciona con la capacidad de un proyecto de generar beneficios financieros o eficiencias medibles en términos monetarios. En el ámbito público, suele traducirse en la optimización del uso de recursos, la reducción de costes o la rentabilidad de las inversiones realizadas.
Si bien el valor económico es un objetivo más explícito en el sector privado, en la Administración Pública también resulta relevante porque:
Aunque pueden existir sinergias entre ambos tipos de valor, es importante distinguirlos para evitar priorizar exclusivamente criterios económicos en proyectos donde el impacto social es prioritario o, por el contrario, subestimar la eficiencia y la sostenibilidad financiera en proyectos sociales.
Importancia en la gestión de proyectos de innovación pública
Integrar ambas perspectivas en la evaluación y gestión de los proyectos de innovación es clave para lograr resultados sostenibles, legitimidad pública y un retorno social significativo. Los equipos responsables deben identificar y comunicar de forma explícita los tipos de valor que se pretenden generar, asegurando el alineamiento de los proyectos con los objetivos estratégicos de la organización y las demandas de la ciudadanía.
Para identificar cuándo un proceso puede considerarse innovador en el sector público, es fundamental tener en cuenta ciertas características específicas vinculadas al objetivo del sector:
Existen criterios objetivos y metodológicos que permiten distinguir los procesos innovadores en las organizaciones públicas:
Reconocer e impulsar procesos innovadores en la administración pública demanda una visión estratégica y una actitud proactiva hacia el cambio, pero también una comprensión precisa de los criterios que los diferencian de otras mejoras organizativas convencionales. Aplicando estos criterios, los responsables públicos podrán seleccionar, priorizar y comunicar las iniciativas que realmente transforman y aportan valor social a su entorno institucional.
La innovación en el sector público no es solo una opción, sino una necesidad para garantizar instituciones más eficaces, adaptables y orientadas a la ciudadanía. Su aplicación requiere visión estratégica, compromiso ético y una gestión profesionalizada del cambio.
Esta píldora formativa está extraída del Curso online de Gestión de proyectos de innovación en la Administración Pública.
No pierdas tu oportunidad y ¡continúa aprendiendo!
Este sitio utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos anónimos, para guardar tus preferencias y garantizar el correcto funcionamiento del sitio web.
Puedes aceptar todas las cookies, rechazarlas o configurarlas según tus preferencias utilizando los botones correspondientes.
Puedes obtener más información y volver a configurar tus preferencias en cualquier momento en la Política de cookies
