Knowledge Administración Pública Jurídico-Procedimental
Este material didáctico forma parte del Curso online de Reglamento Europeo de Protección de Datos

Reglamento Europeo de Protección de Datos y la ley española

La protección de datos encuentra su primera expresión en el artículo 18 de la Constitución Española de 1978 que dice:

«La Ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos».

El legislador español ya en 1978 estableció un derecho, de corte fundamental, que protegía a los ciudadanos frente a las intromisiones derivadas del uso de la informática en su esfera privada y eso, teniendo en cuenta que a finales de los años 70 el uso de la informática era prácticamente nulo en nuestro país.

Sin embargo en nuestra Carta Magna no disponemos de un artículo expreso que hable de un derecho fundamental a la protección de los datos de carácter personal. No obstante hoy en día, en España, sí es considerado un derecho fundamental, gracias a la Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, de 30 de noviembre que estableció tanto la definición como la configuración del presente derecho.

Lo relevante, en este sentido, es que la Sentencia del Tribunal Constitucional dota de autonomía al derecho de protección de datos, independizándole del derecho a la intimidad personal y familiar, consagrado en el artículo 18 de la Constitución Española.

En este sentido, el Tribunal Constitucional considera que:

«?el derecho fundamental a la protección de datos persigue garantizar a esa persona el poder de control sobre sus datos personales, sobre su uso y destino, con el propósito de impedir su tráfico ilícito y lesivo para la dignidad y derecho del afectado» (...) «el objeto de protección del derecho fundamental a la protección de datos no se reduce sólo a los datos íntimos de la persona, sino a cualquier tipo de dato personal, sea o no íntimo, cuyo conocimiento o empleo por terceroPersona física o jurídica, autoridad pública, servicio u organismo distinto del interesado, del responsable del tratamiento, del encargado del tratamiento y de las personas autorizadas para tratar los datos personales bajo la autoridad directa del responsable y del encargado. pueda afectar a sus derechos sean o no fundamentales, porque su objeto no es sólo la intimidad individual, que para ello está la protección que el artículo 18.1 CE otorga, sino los datos de carácter personal».

Asimismo la Sentencia señala que

«el derecho fundamental a la protección de datos posee una segunda peculiaridad que lo distingue de otros» (...) «Dicha peculiaridad radica en su contenido, ya que (...) el derecho a la protección de datos atribuye a su titular un haz de facultades consistentes en diversos poderes jurídicos cuyo ejercicio impone a terceros deberes jurídicos» (...) «y que sirven a la capital función que desempeña este derecho fundamental: garantizar a la persona un poder de control sobre sus datos personales, lo que sólo es posible y efectivo imponiendo a terceros los mencionados deberes de hacer. A saber: el derecho a que se requiera el previo consentimiento para la recogida y uso de los datos personales, el derecho a saber y ser informado sobre el destino y uso de esos datos y el derecho a acceder, rectificar y cancelar dichos datos. En definitiva el poder de disposición sobre los datos personales».

Además, la Sentencia profundiza en el contenido de este derecho fundamental considerándolo:

«...un poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos proporciona a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles puede ese tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Estos poderes de disposición y control sobre los datos personales, que constituyen parte del contenido del derecho fundamental a la protección de datos, se concretan jurídicamente en la facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso a los datos personales, su posterior almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos posibles, por un tercero, sea el Estado o un particular. Y ese derecho a consentir el conocimiento y el tratamiento, informático o no, de los datos personales, requiere como complementos indispensables, por un lado, la facultad de saber en todo momento quién dispone de esos datos personales y a qué uso los está sometiendo, y, por otro lado, el poder oponerse a esa posesión y usos».

Principales novedades que incorpora el Reglamento / Convivencia con la LOPD
 

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