Knowledge Administración Pública Jurídico-Procedimental
Este material didáctico forma parte del Curso online de Régimen Jurídico y Procedimiento de las Administraciones Públicas

El silencio administrativo

Hay silencio cuando NO SE RESUELVE EXPRESAMENTE. No existe una voluntad manifiesta de la Administración.

La Sentencia del Tribunal Supremo, de 24 de noviembre de 1943, consideró necesario para la estimación del silencio entre particulares la concurrencia de dos condiciones: una, que el que calla pueda contradecir, es decir, que haya tenido conocimiento de los hechos que motiven la posibilidad de la protesta o respuesta (elemento subjetivo), y otra, que el que calle tuviera obligación de contestar o, cuando menos, fuera natural y normal que manifestase su disentimiento si no quería aprobar los hechos o propuestas de la otra parte (elemento objetivo). El sistema comúnmente conocido como "quien calla otorga".

La Ley 30/1992 introdujo un novedoso concepto sobre la relación de la Administración con el ciudadano, intentando superar definitivamente la añeja doctrina del llamado silencio administrativo. La falta de rigor y la indefensión que producen una falta de contestación de la Administración hacen necesarios medios para desterrarla de la actividad de las Administraciones Públicas.

La Ley 39/2015 viene a consagrar expresamente todos estos principios.

Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado

Silencio positivo

ESTIMACIÓN

La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento.

En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la resolución que la Administración debe dictar, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o interesados para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario.

Cuando el procedimiento tenga por objeto el acceso a actividades o su ejercicio, la ley que disponga el carácter desestimatorio del silencio debe fundarse en la concurrencia de razones imperiosas de interés general.

Silencio negativo

DESESTIMACIÓN

La desestimación por silencio administrativo tiene el único efecto de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente.

El silencio tiene efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución, aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente (NOVEDAD) y en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.

El sentido del silencio también es desestimatorio en los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones y en los de revisión de oficio iniciados a solicitud de los interesados. No obstante, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dicta y notifica resolución expresa, Salvo que se refiere a las materias propias del silencio negativo.

SILENCIO NEGATIVO
  • Procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición del Artículo 29 de la Constitución
  • Solicitudes cuya estimación tenga como consecuencia la transfirieran al solicitante o a terceros de facultades relativas al dominio público o al servicio público
  • Solicitudes cuya estimación impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar al medio ambiente
  • Procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas
  • Procedimientos de impugnación de actos y disposiciones y en los de revisión de oficio iniciados a solicitud de los interesados (salvo cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dicta y notifica resolución expresa, Salvo que se refiere a las materias propias del silencio negativo).

Resolución posterior al silencio

Si se resuelve de manera expresa tras producirse el silencio, se producen los siguientes efectos:

  • En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo.
  • En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio.

Certificado de silencio

El certificado acreditativo del silencio se expedirá de oficio por el órgano competente para resolver en el plazo de quince días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento.

El interesado puede pedirlo en cualquier momento, computándose el plazo desde el día siguiente a aquél en que la petición tuviese entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para resolver. 

Ausencia de resolución expresa en procedimientos iniciados de oficio

En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver.

  • En el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas favorables, los interesados que hubieren comparecido pueden entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo (Silencio negativo).
  • En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones.

En los supuestos en los que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable al interesado, se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución.

Silencio administrativo
 

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