El desarrollo sostenible constituye desde hace décadas uno de los principales enfoques para abordar las relaciones entre desarrollo económico, bienestar social y protección del medioambiente. Tiene una especial dimensión territorial y local, ya que muchas de las decisiones que afectan a la sostenibilidad se materializan en las ciudades y municipios, y se relaciona estrechamente con ámbitos como la planificación urbana, la movilidad sostenible, la eficiencia energética, la economía circular o las ciudades inteligentes.
El desarrollo sostenible implica contemplar las relaciones de la humanidad con el medioambiente desde una perspectiva integrada, procurando compatibilizar el progreso económico y social con la protección de los recursos naturales y los ecosistemas. Supone, por tanto, tener en cuenta los límites ambientales, la satisfacción de las necesidades humanas, la equidad social y territorial y la responsabilidad hacia las generaciones futuras.
El concepto de desarrollo sostenible adquirió reconocimiento y difusión internacional con el denominado Informe Brundtland, Nuestro futuro común, publicado en 1987 por la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas, creada en 1983 y presidida por Gro Harlem Brundtland. El informe formuló una de las definiciones más conocidas y aceptadas del desarrollo sostenible: "satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades".
Esta concepción tuvo posteriormente una influencia fundamental en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en Río de Janeiro en 1992. La Declaración de Río incorporó expresamente la necesidad de integrar el desarrollo y la protección del medioambiente y, en su Principio 3, estableció que el derecho al desarrollo debe ejercerse de forma que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras.
Contenido del Informe Brundtland
El Informe Brundtland analiza los principales retos ambientales y de desarrollo desde una perspectiva global y destaca la estrecha relación existente entre economía, sociedad y medioambiente. Entre las cuestiones que aborda se encuentran la población y los recursos humanos, la seguridad alimentaria, la conservación de los ecosistemas, la energía, la industria y los desafíos derivados del crecimiento urbano.
Una de sus aportaciones fundamentales fue poner de manifiesto que los problemas ambientales y los problemas del desarrollo no pueden abordarse de manera independiente. La pobreza, las desigualdades, los modelos de producción y consumo y la utilización de los recursos naturales están estrechamente relacionados y requieren respuestas integradas.
El informe plantea así la necesidad de modificar determinados modelos de crecimiento y de incorporar las consideraciones ambientales y sociales a la toma de decisiones económicas y a la planificación del desarrollo. El objetivo no es detener el desarrollo, sino hacerlo compatible con la conservación de los recursos y ecosistemas y con la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras.
Esta concepción constituye la base de la evolución posterior del desarrollo sostenible y de iniciativas internacionales como la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que integran las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo.
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