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Ayuda financiera del Fondo FEADER

Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 5, 6 y 7 del artículo 58 del Reglamento (UE) no 1305/2013, el importe total de la ayuda de la Unión al desarrollo rural en virtud del presente Reglamento para el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2020 ascenderá a 84 936 millones de euros, a precios de 2011, conforme al Marco Financiero Plurianual del período 2014-2020.

Subvencionabilidad de los gastos

No obstante lo dispuesto en el artículo 65, apartado 9, del Reglamento (UE) 1303/2013, en el caso de las medidas de emergencia debidas a desastres naturales, los programas de desarrollo rural podrán establecer que los gastos recogidos en las modificaciones del programa sean subvencionables a partir de la fecha en que se haya producido el desastre natural.

Los gastos solo podrán beneficiarse de la contribución del FEADER si se dedican a operaciones aprobadas por la autoridad de gestión del programa en cuestión o bajo su responsabilidad, de acuerdo con los criterios de selección mencionados en el artículo 49 del Reglamento (UE) no 1305/2013.

Con excepción de los costes generales previstos en el artículo 45, apartado 2, letra c) del Reglamento (UE) no 1305/2013, en relación con las operaciones de inversión efectuadas en el marco de medidas incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 42 del TFUE, únicamente se considerarán subvencionables los gastos efectuados después de haberse presentado la correspondiente solicitud a la autoridad competente.

Los Estados miembros podrán establecer en sus programas que solamente sean subvencionables los gastos efectuados después de haber sido aprobada la correspondiente solicitud de ayuda por la autoridad competente.

Los pagos efectuados por los beneficiarios se justificarán mediante facturas y documentos de pago. Cuando ello no sea posible, los pagos se justificarán mediante documentos de valor probatorio equivalente, excepto en el caso de las formas de ayuda contempladas en el artículo 67, apartado 1, letras b), c) y d), del Reglamento (UE) 1303/2013.

Gastos subvencionables

Cuando los costes de funcionamiento estén cubiertos por las ayudas previstas en el del Reglamento (UE) 1305/2013, serán subvencionables los siguientes tipos de costes:

Los estudios únicamente se considerarán gastos subvencionables cuando estén vinculados a una operación específica del programa o a los objetivos y metas específicos del programa.

Las contribuciones en especie en forma de provisión de obras, bienes, servicios, terrenos y bienes inmuebles por los que no se ha efectuado ningún pago en efectivo documentado con facturas o documentos de valor probatorio equivalente podrán ser subvencionables siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 69 del Reglamento (UE) no 1303/2013.

Verificabilidad y controlabilidad de las medidas

Los Estados miembros velarán por que todas las medidas de desarrollo rural que tengan la intención de aplicar sean verificables y controlables. Con este fin, la autoridad de gestión y el organismo pagador de cada programa de desarrollo rural presentarán una evaluación previa de la verificabilidad y controlabilidad de las medidas que vayan a formar parte del programa de desarrollo rural. Asimismo, la autoridad de gestión y el organismo pagador evaluarán la verificabilidad y controlabilidad de las medidas durante la ejecución del programa de desarrollo rural. En la evaluación previa y en la evaluación durante el período de ejecución se tomarán en consideración los resultados de los controles practicados en los períodos de programación anterior y en curso. En caso de que la evaluación ponga de manifiesto que no se cumplen los requisitos de verificabilidad y controlabilidad, las medidas en cuestión se adaptarán en consecuencia.

Cuando la ayuda se conceda sobre la base de costes tipo o costes adicionales y pérdidas de ingresos, los Estados miembros velarán por que los cálculos correspondientes sean adecuados, precisos y se efectúen con antelación de modo justo, equitativo y verificable. Para ello, un organismo que sea funcionalmente independiente de las autoridades responsables de la ejecución del programa y esté debidamente capacitado efectuará los cálculos o confirmará la idoneidad y exactitud de los mismos. En el programa de desarrollo rural se incluirá una declaración que confirme la idoneidad y exactitud de los cálculos.

Anticipos

El pago de anticipos estará supeditado a la constitución de una garantía bancaria o de una garantía equivalente que corresponda al 100 % del importe anticipado. En el caso de los beneficiarios del sector público, los anticipos se abonarán a los municipios, las autoridades regionales y sus asociaciones, así como a los organismos de derecho público.

Un instrumento proporcionado como garantía por una autoridad pública se considerará equivalente a la garantía que se menciona en el párrafo primero, siempre que esa autoridad se comprometa a abonar el importe cubierto por la garantía en caso de que no se haya establecido el derecho al importe anticipado.

La garantía se liberará cuando el organismo pagador competente estime que el importe de los gastos reales correspondientes a la ayuda pública destinada a la operación supera el importe del anticipo.

Seguimiento y evaluación

El artículo 67.2 del Reglamento (UE) nº 1306/2013 establece la aplicación del sistema integrado a ciertas medidas de desarrollo rural. A este respecto, dado que el sistema integrado también incluye a los regímenes de ayuda del anexo I del Reglamento (UE) nº 1307/2013, todas las circulares, notas interpretativas y demás elementos de coordinación elaborados por el Fondo Español de Garantía Agraria O.A. (FEGA), (superficies, animales, condicionalidad, SIGPAC, bases de datos…), serán igualmente de aplicación para las medidas de desarrollo rural establecidas en el ámbito del sistema integrado.

A continuación se resumen las medidas y submedidas establecidas en el ámbito del sistema integrado junto con su denominación.

Con objeto de garantizar un funcionamiento efectivo del sistema de gestión y control, las comunidades autónomas velarán por que se tengan en cuenta las disposiciones específicas de los reglamentos delegados y de ejecución del Reglamento (UE) nº 1305/2013 y del Reglamento (UE) nº 1306/2013, junto con las Directrices de la Comisión sobre el control y las penalizaciones en desarrollo rural y las Directrices de la Comisión sobre medidas de lucha contra el fraude.

En particular, para el control de estas medidas, algunas con compromisos plurianuales, se considerarán los casos de conversión y adaptación de compromisos indicadas en los artículos 14 y 15 del Reglamento Delegado (UE) nº 807/2014 y de cesión de explotaciones establecidas en el artículo 8 del Reglamento de Ejecución (UE) nº 809/2014, así como los aspectos relativos a las ayudas por superficie del artículo 47 del Reglamento (UE) nº 1305/2013.

Igualmente, se prestará especial atención a los elementos indicados por la Comisión en las listas de controles fundamentales y auxiliares del artículo 12 del Reglamento (UE) nº 907/2014 .

La monitorización se ha introducido como una alternativa a los controles sobre el terreno para las medidas SIGC relacionadas con la superficie.

Fuerza mayor o circunstancias excepcionales

La comunidad autónoma podrá reconocer la existencia de casos de fuerza mayor o circunstancias excepcionales, por ejemplo, en los siguientes casos:

  1. fallecimiento del beneficiario;
  2. incapacidad laboral de larga duración del beneficiario;
  3. catástrofe natural que haya afectado gravemente a la explotación;
  4. destrucción accidental de los locales ganaderos de la explotación;
  5. epizootia o enfermedad vegetal que haya afectado a una parte o la totalidad del ganado o de los cultivos, respectivamente, del beneficiario;
  6. expropiación de la totalidad o de una parte importante de la explotación, si esta expropiación no era previsible el día en que se presentó la solicitud de ayuda.

El beneficiario o su derechohabiente deberá haber notificado por escrito a la autoridad competente los casos de fuerza mayor o las circunstancias excepcionales, adjuntando las pruebas pertinentes a satisfacción de dicha autoridad, en el plazo de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que esté en condiciones de hacerlo.

Para las medidas 10, 11, 14 y 15, cuando un beneficiario no haya podido cumplir el compromiso por motivos de fuerza mayor o circunstancias excepcionales, el pago correspondiente se retirará proporcionalmente durante los años en los que se haya producido el caso de fuerza mayor o la circunstancia excepcional. La retirada afectará solo a las partes del compromiso para las cuales los costes adicionales o el lucro cesante no se hubieran producido antes de que ocurriese la fuerza mayor o las circunstancias excepcionales. No se aplicará ninguna retirada en relación con los criterios de admisibilidad y las demás obligaciones, ni se impondrán penalizaciones.

Para las demás medidas no se exigirá el reintegro parcial o total de la ayuda en caso de fuerza mayor o circunstancias excepcionales. En caso de compromisos o pagos plurianuales, no se exigirá el reintegro de la ayuda recibida en años anteriores y el compromiso o el pago proseguirán en los años siguientes, de conformidad con la duración inicial.

Anticipos y pagos

El Organismo Pagador no efectuará pagos por ninguna medida o submedida, antes de que finalicen los controles administrativos y sobre el terreno. No obstante, entre el 16 de octubre y el 1 de diciembre se podrán pagar anticipos de hasta un 75% tras la finalización de los controles administrativos. El porcentaje de pago será el mismo para todos los beneficiarios de la medida o submedida.

Se tendrá en cuenta que a partir de 2019, los pagos correspondientes de las solicitudes de pago presentadas ese año, se efectuarán entre el 1 de diciembre y el 30 de junio del año natural siguiente. Estos pagos podrán efectuarse hasta en dos plazos en dicho periodo.

Intercambio de información

El Organismo Pagador deberá establecer sistemas eficaces de intercambio de información para cumplir con los siguientes aspectos:

Notificación cruzada

En los controles administrativos y los controles sobre el terreno se tendrán en cuenta los presuntos casos de incumplimiento notificados por otros servicios, organismos u organizaciones. Para ello, se establecerán los mecanismos de comunicación pertinentes para velar por que todos los resultados obtenidos en los controles de condicionalidad, del cumplimiento de los criterios/requisitos de admisibilidad, los compromisos y otras obligaciones de los regímenes de ayuda del anexo I del Reglamento (UE) nº 1307/2013 y de las medidas de desarrollo rural establecidas en el ámbito del sistema integrado, sean objeto de notificación cruzada a la autoridad competente responsable del pago correspondiente.

Se prestará especial atención al intercambio de información entre el Organismo Pagador y otros organismos de control específicos (Agricultura Ecológica, Producción Integrada…).

En medidas de ayuda relacionadas con los animales, se podrán utilizar las pruebas que reciban de otros servicios, organismos u organizaciones para comprobar el cumplimiento de los criterios/requisitos de admisibilidad, los compromisos y otras obligaciones, siempre que el servicio, organismo u organización en cuestión actúe de acuerdo con normas suficientemente rigurosas para controlar ese cumplimiento.

Por otro lado se procederá a intercambiar la información necesaria con objeto de evitar la doble financiación.

Delegación de controles

En el caso de que el Organismo Pagador no lleve a cabo los controles, deberá disponer de la información suficiente sobre los controles realizados, sus resultados y las medidas adoptadas en función de los mismos. Para ello, determinará sus necesidades en materia de información que podrá consistir en informes de cada control efectuado junto con sus resultados y efectos, o bien en informes de síntesis.

En relación con la custodia de documentación, el Organismo Pagador conservará justificantes de los pagos efectuados y los documentos correspondientes a la ejecución de los controles administrativos y sobre el terreno establecidos en la legislación comunitaria. Si dichos documentos fueran conservados por otro organismo que actúe por delegación, éste transmitirá al Organismo Pagador la información indicada en el anexo del párrafo anterior.

En cualquier caso, el Organismo Pagador deberá asegurarse de que existe una pista de auditoría suficiente.

Por otro lado, dadas las diferentes unidades que participan en el sistema de gestión y control, cierta información puede aparecer incompleta y dispersa por lo que se recomienda que el expediente se encuentre centralizado tanto física como electrónicamente.

Procedimiento de intercambio de información

Cuando varios organismos pagadores se ocupen de la gestión de los regímenes de ayuda objeto de una solicitud de un mismo beneficiario, se tendrá en cuenta lo establecido en la Circular de coordinación “Procedimiento de intercambio de información para las medidas de desarrollo rural establecidas en el ámbito del sistema integrado del periodo 2014/2020” con objeto de que todos los organismos pagadores implicados dispongan de la información adecuada para la gestión, el control y el pago correspondiente, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1080/2014.

De esta forma, si una comunidad autónoma recibe una solicitud que incluye medidas de otras comunidades autónomas, deberá remitir a las comunidades autónomas afectadas la información pertinente de acuerdo con lo indicado en dicha circular.

Envío de información al organismo de certificación

Se mantendrá informado en todo momento al organismo de certificación y se proporcionaran los informes de control tan pronto como se hayan realizado.

Incompatibilidades y doble financiación

El sistema de control necesario para evitar la doble financiación se estructurará en dos niveles:

Incompatibilidad de ayudas

Por parte de las autoridades competentes, será necesario establecer tablas de incompatibilidades para las medidas de desarrollo rural establecidas en el ámbito del sistema integrado que delimiten a priori la posibilidad de recibir doble financiación entre éstas, así como de otras ayudas comunitarias, nacionales y autonómicas.

Dicha delimitación podrá realizarse en función del tipo de beneficiario, las características, el objetivo y el tipo de actuación, o el importe de ésta. En particular se deben tener en cuenta los siguientes criterios para determinar las posibles incompatibilidades:

  • Incompatibilidad entre las propias medidas financiadas a través del FEADER: el Programa de Desarrollo Rural (PDR) u otros documentos específicos deberían clarificar los ámbitos de actuación de cada medida.
    • Incompatibilidad agronómica: cuando por el tipo de cultivo o el sistema de explotación no pueden realizarse en la misma superficie.
    • Incompatibilidad por doble prima: debida a que se fomentan prácticas similares primándose por tanto dos veces.
    • Incompatibilidad medioambiental/agraria: cuando las medidas tienen objetivos ambientales/agrarios opuestos.
  • Incompatibilidad entre medidas financiadas por el FEADER y ayudas financiadas por otros fondos comunitarios: las medidas de desarrollo rural no podrán recibir ninguna otra financiación comunitaria. En concreto, se prestará especial atención en evitar la doble financiación entre las medidas 8, 10, 11 y 12, y las prácticas contempladas en el artículo 43 del Reglamento (UE) nº 1307/2013.
  • Incompatibilidad de ayudas financiadas a través del FEADER con ayudas nacionales y autonómicas.
Comprobaciones

Antes de efectuar el pago, el organismo de control deberá comprobar si la medida en cuestión ha solicitado o recibido financiación pública.

Para realizar estas comprobaciones, este organismo deberá realizar controles administrativos y, en caso que se considere necesario, controles sobre el terreno. Para ello, deberá disponer de la información pertinente procedente de:

  • Beneficiario: a través de la declaración de ayudas recibidas.
  • Bases de datos / registros de subvenciones: mediante aplicaciones informáticas y controles cruzados.
  • Autoridades competentes en la concesión de otras ayudas: por medio del intercambio sistemático de información para que comprueben si la operación ya ha sido objeto de subvención.

El resultado de todas las comprobaciones realizadas deberá quedar registrado.